En México, tenemos leyes que no anuncian o regulan
la sociedad que somos, sino la que
queremos ser, superar estas contradicciones
no es algo nuevo, como tampoco lo
es, la manera como nos ha acorralado la
realidad. El artículo tercero, desde la constitución de 1857, ha estado
consagrado a la Educación, pero en esencia siempre ha conservado el mismo
espíritu, que quizás nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales. Cuándo Jaime Torres Bodet se propuso
cambiar en 1946 el artículo tercero constitucional que decía:
"La
educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda
doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la
escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en
la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida
social" (DOF, 13 de diciembre de
1934).
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Para que
dijera;
“La
educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la
independencia y en la justicia” (DOF, 30 de diciembre de 1946)
|
Se
planteaba una visión de educación que más allá de debates ideológicos
encontraba en el humanismo su principal raíz; la creencia en que el hombre a
través de la cultura, el esfuerzo y el conocimiento, construiría un mejor país,
es un anhelo aún lejano, pero que en tiempos recientes parece estarse
diluyendo, poco a poco, e irse
transformando en una visión mucho más empresarial y que de la mano de los
gobiernos panistas que siguieron a la administración de Ernesto Zedillo, se fue
afianzando en la reforma constitucional de 2012.
La
desarticulación educativa, es una realidad común en nuestra historia. A muchos
podría sorprenderles, pero es real. México no tuvo una educación básica que
compartiera objetivos comunes para sus niveles educativos hasta el 2011, antes
los sistemas coexistían con objetivos propios y formaciones particulares, que han
sido producto del surgimiento de cada nivel, cuyas etapas tan diversas, pasan
por capítulos de formación religiosa, intervención militar, y herencias de
distintos tipos.
Cuando los españoles llegaron a la mítica
Tenochtitlán, encontraron un sistema educativo estructurado en tres tipos de escuelas mediante las cuales
se reproducía el sistema teocrático mexica; el Cuicacalli (o Casas de la danza, eran
escuelas donde se enseñaba a bailar y a tocar instrumentos músicales),
Telpochcalli (Eran centros de enseñanza pública, que se encontraban en cada
barrio de la ciudad y donde se enseñaba a los infantes las artes de la
agricultura y de la guerra) y el Calmec (solo había uno, el del templo mayor,
funcionaban como una especie de internados donde los nobles recibían educación
sacerdotal y de otras ciencias que les permitirían encabezar el gobierno), en
ellas los Temachtiani “daban rostro a
los demás”, es decir, les ayudaban a
encontrar un lugar en la sociedad. Este
sistema fue destruido con la conquista y sustituido una instrucción religiosa,
que desarticulada no tenía otro objetivo que ser un brazo más de la
evangelización.
Aunque a
lo largo de más de 300 de dominación española, existieron diversas
instituciones como la Real y Pontificia
Universidad de México, El Colegio de Minería
o la Academia de San Carlos la influencia
de éstas se halla restringida al ámbito de las élites y no constituían parte
de una política de Estado que buscará su
masificación. Aunado a esto y llegado el siglo XVIII, con la influencia de
las reformas Borbónicas, fue surgiendo un sistema laico, que pretendió mediante
la introducción de escuelas de primeras letras, fundar escuelas públicas. Aunque el método utilizado en estás era una
copia del utilizado anteriormente, “separando a los estudiantes en los de leer (los más chicos) y los de
escribir (los más grandes), ya que era costumbre en el mundo occidental
enseñar primero la lectura y solamente después, la escritura. Muchos niños abandonaban la escuela una vez
adiestrados en la doctrina cristiana, la lectura y la firma de su nombre, por
lo que más personas supieron leer y no escribir” (Tank de Estrada,
2010:83)
El siglo
XIX, fue muy turbulento, en el ámbito educativo, como un reflejo de la inestabilidad política
que se vivía en el país. No solo se logró la independencia, que daría lugar a la nación,
sino que se pusieron de manifiesto los obstáculos que le impidieron en el
periodo colonial funcionar como “el reino” que los reyes católicos
instituyeron, ya que la corrupción y la desigualdad se habían
instaurado, teniendo en 1821 a
la joven República Mexicana sumida en la desorganización y el imperialismo
europeo. Sobrevivieron muchas de las
instituciones creadas bajo el gobierno virreinal, pero fueron objeto de varias
reformas que no tuvieron otro objetivo que el de organizar la enseñanza para
hacerla más efectiva. Así veríamos un
fenómeno de reorganización paulatino que como explica Pilar Gonzalbo Aizpuru
(2010:44) comenzaría por los niveles universitarios y paulatinamente se
extendería hasta los de la educación básica durante el porfiriato.
Detrás
de Gómez Farías había un congreso dispuesto a darle poderes excepcionales y
un sacerdote inquieto, Mora, ansioso de reorganizar los establecimientos
educativos. Este culparía a Gómez
Farías por haber hecho reformas demasiado a prisa, pero eran las mismas que
Mora y Alamán, entre otros, habían propuesto a lo largo de 1820. Con el poder político en la mano, Gómez
Farías no espero más y de un plumazo cerró la venerable Universidad, que
hacía tiempo no daba clases. También
se cerró el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos. Los demás establecimientos de educación
superior fueron reformados, de modo que cada uno ofreciera una sola carrera,
eliminando la repetición de cursos.
En San Gregorio se impartieron
los cursos preparatorios para todas las carreras; las humanidades se dieron
en el Hospital de Jesús; San Ildefonso reunió bajo su techo los cursos de
jurisprudencia; la carrera de Física y matemáticas se impartió en el Colegio
de Minería; las ciencias eclesiásticas fueron trasladadas a San Juan de
Letrán y los estudios de medicina al antiguo hospital de Betlemitas.
(Staples, 2010:111).
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El siglo
XX, tendría entre sus manos dos tareas fundamentales, en primer lugar separar
definitivamente la educación religiosa de la instrucción y también conformar un
sistema educativo para la mayoría de la población que asegurará el progreso
social, ya que para 1910 se calcula que solo 20% de la población sabía leer y
escribir, números que hoy en día se han revertido aunque el porcentaje de
analfabetismo en el territorio sigue siendo muy alto, 8.8 millones de analfabetos (González, 2012). Para enfrentar este reto, se redactó el
artículo tercero constitucional, como la síntesis de las aspiraciones de
justicia y emancipación que se habían concedido a la educación y se creó en 1921, la Secretaria de Educación Pública, bajo la
dirección de José Vasconcelos.
Después
de la Revolución Mexicana y al declararse la constitución de 1917 la educación
pasó a manos de los municipios (Loyo & Staples, 2010: 159), sin embargo
poco a poco éstos mostraron su incapacidad para dotar a la población de los
conocimientos básicos, que el progreso del país requería, esto se explica por una parte
porque los gobierno locales muchas veces no contaban con los
recursos económicos o con personal capacitado para mantener a las
escuelas funcionando y por otro lado la carencia de un rumbo claro en el
sistema educativo hacía que todo esfuerzo se desdibujara y sólo se beneficiara a unos cuantos en las poblaciones urbanas de las ciudades más
importantes del país.
Durante
la administración de Álvaro Obregón esta situación se volvió más evidente, y comenzaron a surgir
propuestas para revertirla. La creación de la Secretaría de Educación Pública
y la expansión de las escuelas
administradas por el gobierno federal (Loyo & Staples, 2010:160), creo tres modalidades de escuelas, las estatales,
las federales y las municipales, siendo estas últimas las que terminaran
diluyéndose en el tiempo, sin embargo fue bajo el gobierno de Plutarco Elías
Calles cuando el gobierno federal llegó a tener por lo menos una escuela
federal en cada Estado, tendencia que a lo largo de las décadas
y de las prácticas presidencialistas que acompañaron el desarrollo
educativo, llegó a crecer hasta el punto que José Antonio Rosique Cañas y
Janette Góngora Soberanes (2008:119-146) describen que para los noventas de las
32 entidades federativas, sólo en el Estado de México coexistían los dos
sistemas estatal y federal de manera más o menos equilibrada; en Coahuila, Colima, Chiapas, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas coexistían las escuelas estatales con predominio
del federal; y en los 12 estados restantes el sistema estatal era
prácticamente inexistente y
desorganizado.
El
centralismo educativo vino a agravarse en la década de los cuarentas cuando
incluso incorporó la organización de los trabajadores. El corporativismo priista había fundado centrales obreras a lo largo del
territorio, para facilitar su control y beneficiar los intereses del régimen,
los maestros no fueron la excepción y con la misma facilidad con que se les
nombró apóstoles o misioneros en el
modelo vasconcelista, se les denomino
trabajadores de la educación, renunciando desde ese momento a su papel de
transformadores sociales y pasando a la
dependencia sindical y gubernamental que estaba presente en todos los
frentes ya que el Secretario de Educación era nombrado por el presidente al
igual que su líder sindical, sistema que sería bendecido por Jaime Torres Bodet
en 1943 en el nacimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con
estas palabras: “Necesitamos que ahora que os habéis unido, no perdáis el
tiempo en debates internos, superfluos y muchas veces perjudiciales; que todas
las horas de vuestro calendario escolar se consagren realmente a las tareas
educativas ” (Torres Bodet, 1965:567).
El
centralismo educativo desde principios de los setenta mostraba ya su
agotamiento (Rosique Cañas & Góngora
Soberanes, 2008), la principal crítica que se le hacía era la ineficacia, la calidad del sistema era la
nueva meta y desde la visión
gubernamental el tamaño de la SEP, impedía lograr una gestión que
permitiera superar las dificultades para
su operación, se reconocía que la
cobertura era un gran logro del centralismo,
pero que no tendría el impacto deseado sino se acompañaba por una mayor
eficiencia y calidad de los procesos administrativos.
Desde 1978 inicio un proceso de desconcentración,
fundando oficinas regionales en los estados, y reorganizando a la SEP, pero la
descentralización sólo pudo consumarse
en 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB), entre el presidente de
la república Carlos Salinas de Gortari; 32 gobernadores, la SEP representada por Ernesto Zedillo
Ponce de León, el ANMEB (DOF,1992:9)
estableció que “el Ejecutivo Federal
traspasa y el respectivo gobierno estatal recibe, los establecimientos
escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo,
derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría
de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo, hasta esta
fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros
utilizados en su operación”. El gobierno federal asumió el compromiso de
transferir los recursos necesarios a los
estados para lograr los objetivos que los nuevos planes y programas plantearía.
Llegarían
las reformas curriculares en 1993 para
Primaria y Secundaria que plantearían la introducción del enfoque
constructivista de la educación básica. Igualmente en dicho acuerdo se hablaría
de la resignificación del magisterio mediante programas de capacitación, de
vivienda, la instauración de Carrera Magisterial, de la formación de maestros.
Sin
embargo la SEP reservó para sí atribuciones que por sí mismas, hacían del
federalismo educativo una falacia, la Secretaria federal por ejemplo fijaba el
presupuesto educativo sin que hubiera un criterio claro para ello, hacía los
planes de estudio y evaluaba al sistema educativo nacional y el SNTE cuya líder recién nombrada Elba Esther Gordillo, había logrado
salvaguardar la integridad de su sindicato,
ya que entre las propuestas iniciales se había planteado fraccionar al
sindicato, sin embargo por la presión política de este organismo dicha
propuesta se rechazó. Emergía así una
nueva forma de relación sindical que resultaría asimétrica en muchos casos pues
pequeña dependencias estatales enfrentarían a un monstruo corporativo
organizado en un sindicato nacional.
En
palabras de José Antonio Rosique Cañas y Janette Góngora Soberanes (2008:132), “la
descentralización se convirtió en centralización”, porque las facultades
conservadas por la SEP, solo incrementaron la desigualdad, pues el control de
los recursos es en esencia lo que garantiza la operatividad de los servicios
educativos, así como el diseño de los planes de estudio, aunado a qué la descentralización
no se hizo a petición de los estados sino del gobierno central.
El proceso de
reforma de la educación básica, que pretendió integrar un currículo común es
hijo de la “descentralización centralizadora”
y de la pretensión de dos presidentes surgidos de la alternancia, de modernizar la educación pública de la mano
del SNTE, pero la manera en la que se
organizaría dicho currículo se basó en el programa de preescolar de 2004, la
reforma a la Educación Secundaria de 2006 y la Alianza por la Calidad de la
Educación.
En el plan Nacional de Educación
2001-2006, se abría fijado como objetivo
“Articular los tres niveles de la
educación básica, para garantizar la continuidad curricular desde la educación
preescolar hasta la enseñanza secundaria, estableciendo una congruencia
pedagógica y organizativa a lo largo de este tramo educativo” (SEP b, 2001:137).
Dicho objetivo solo se logró 5 años después.
La Educación preescolar es un nivel del Sistema Educativo Nacional, que tiene
sus antecedentes en 1883 cuando se
instauró la primera escuela para párvulos (esta palabra viene del latín parvulus, de parvus, que significa pequeño), en el estado de Veracruz, por el maestro alemán Enrique Laubscher “discípulo del fundador de
los jardines de infancia Federico Guillermo Augusto Froebel” (Galván Lafarga,
2016), su desarrollo fue paulatino, y se expandió sobre todo gracias los
gobiernos posrevolucionarios, hasta que
fue ampliamente abrazado por los gobiernos de la transición democrática
(2000-2012), debido entre otras cosas a que cursar el nivel se ha ligado
históricamente a mayores niveles de bienestar y socialización, a través de
múltiples investigaciones (Barrera
Chavira, 2005) Este subsistema se declararía obligatorio por Vicente Fox Quezada (Diario
Oficial de la Federación, 12 de Noviembre de 2002), y su
plan curricular (2004) se
organizaría por competencias, un terminó
que si bien se venía usando de manera común en los programas universitarios,
era una novedad y se adoptaría más tarde para toda la educación básica.
En cumplimiento del Programa Nacional de
Educación 2001-2006 (PRONAE) y del Programa
de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, las
características que se establecieron para el Programa de Educación Preescolar
2004:
·
Carácter nacional, de acuerdo con
los fundamentos legales que rigen la educación. El programa de educación
preescolar será de observancia general en todos los planteles y las modalidades
en que se imparte educación preescolar en el país, sean éstos de sostenimiento
público o privado
·
Establece propósitos
fundamentales para la educación preescolar, entendida como un ciclo de tres
grados
·
Está organizado a partir de
competencias, entendidas sintéticamente como la capacidad de utilizar el saber
adquirido para aprender, actuar y relacionarse con los demás. La función de la
educación preescolar consiste en promover el desarrollo y fortalecimiento de
las competencias que cada niño y cada niña poseen.
·
Es abierto. El programa no define
una secuencia de actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente
con los niños; las competencias son la base para organizar, desarrollar y
evaluar el trabajo docente. La educadora selecciona y diseña diversas situaciones
didácticas que sean pertinentes y útiles para lograr que los niños aprendan;
adopta la modalidad de trabajo que considera adecuada y organiza su trabajo de
manera flexible para adecuarlo a las condiciones de su grupo y al contexto en
donde labora. (Subsecretaria de Educación Básica, 2004: 6-7).
La estructura del programa era bastante novedosa y no tenía ninguna
relación con los otros programas que sobrevivían al salinismo.
Figura 1.
Organización del programa de Preescolar 2004. Fuente: Subsecretaria de
Educación Básica, Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la
Educación Preescolar. México SEP.
Las competencias entendidas “sintéticamente como la capacidad de utilizar el
saber adquirido para aprender, actuar y relacionarse con los demás”, habrían de
propiciase a través de la organización curricular en cinco campos formativos y la práctica pedagógica
basada en 10 principios pedagógicos que se conformaban considerando las
características infantiles y los procesos de aprendizaje, la diversidad y la
equidad y la intervención educativa.
Figura 2.
Principios pedagógicos del programa de Preescolar 2004. Fuente: Elaboración
basada en el Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación
Preescolar. Subsecretaria de Educación Básica (2004), México SEP.
En total
el programa maneja 14 competencias que debían desarrollarse a lo largo de tres
años de formación, lo que más llama la atención de las mismas es que debían
evaluarse mediante dos instrumentos cualitativos, el portafolio de la educadora
y su diario de trabajo.
Figura 3.
Competencias del programa de Preescolar. . Fuente: Elaboración basada en el
Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar.
Subsecretaria de Educación Básica (2004),
México SEP.
De manera explicable solamente por el
pragmatismo, la última reforma del sexenio de Vicente Fox no fue una reforma a
la Educación primaria, como habría de esperar de un proyecto de integración del
currículum, La reforma emprendida en el último año de la primera administración
panista fue a la educación Secundaria en 2006, sin que se tuviera presente que un alumno formado en
2004, tendría que esperar 9 años más para volver a cursar un programa por
competencias, ya que la educación primaria seguía funcionando con el enfoque
constructivista de 1992. La reforma
Integral a la Educación secundaria se anunció desde 2005 y en particular para
historia, estuvo surcada por el escándalo
que provocó la pretensión de eliminar el estudio de las culturas prehispánicas.
Hubo que esperar a 2009 para que la educación
primaria tuviera una reforma curricular que acompañara la articulación
de los demás niveles.
La
primera secundaria que tuvo el país tuvo su cede en el antiguo colegio de San Pedro y San
Pablo, en la que permaneció hasta 1928 teniendo ya 900 alumnos tendría su
recinto definitivo en la calle de
Regina 111, con el nombre de Cesar A.
Ruiz (AHSEP, 1938-1939). Aunque sus
orígenes se pueden encontrar en el imperio de Maximiliano, que la soñó
organizada como los liceos
franceses. Los primeros maestros que
tuvo esta escuela fueron profesores enviados a Estados Unidos durante tres
meses y de cuyas investigaciones surgió el Departamento de Educación Secundaria
de la Secretaria de Educación Pública y la estructura y funcionamiento que
permea a dicho nivel educativo hasta nuestros días, ya que en esos años, el
modelo conductista era la moda educativa más importante de la unión americana.
El proceso de reforma de la educación
básica que inicio en la educación secundaria con el plan de estudios 2006,
abrió paso a todo un debate sobre el trabajo docente, y es que la articulación
de la educación básica sin duda es un proceso complejo que parte de la lucha de
poder entre los expertos que forman los distintos campos culturales que dan
origen a los contenidos del plan de estudios,
así como las luchas políticas que le dan sentido a su implementación. El
escándalo que provocó la eliminación del primer curso de historia ya que la
nueva estructura del currículo solo se impartía en segundo y tercer grado, no
provocó que se modificará la pretensión inicial de estudiar a la historia desde
el siglo XV quitando así el curso de Historia Universal.
Lizeth Borrás Escorza (2010), reconstruye
el sinuoso paso de las reformas
curriculares en la materia de Historia, ya que no solo implicó una
modificación que redujo a ocho horas la carga horaria de la asignatura, sino
toda una nueva concepción didáctica, que en palabras de Xavier Rodríguez
Ledezma desperdició su oportunidad de
ser distinta:
La utopía por algo es utopía. La puerta que el gobierno
mexicano abrió obligado por las agudas críticas y tenaces descalificaciones
de las que era objeto a raíz de su propuesta curricular original, no tardaron
en clausurarse nuevamente. Lo trágico
del asunto radica en que fueron los propios especialistas quienes se
encargaron de hacerlo. Ellos y nadie más decidieron actuar como lo
hicieron. En lugar de ir a fondo y
aprovechar la oportunidad de proponer lo que debía hacerse para construir la
enseñanza, orillando a la SEP a honrar su promesa con tal de no naufragar
definitivamente en la crisis que ella
misma había originado, los especialistas decidieron llevar a cabo tan solo
una revisión cosmética del programa de historia que la RIES proponía. La recuperación de uno de los dos cursos
que habían sido eliminados y el tratamiento de la historia prehispánica que
había sido desechada en los nuevos
planes fueron presentados como los grandes cambios, el rescate de fondo y el
magnífico logro del gremio especialista cuando asumió la tarea de sacarle las
castañas del fuego a los burócratas pergeñadores de la RIES. (Rodriguez
Ledezma, 2010:13).
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Fue en ese juego de poder que dos causas
se impusieron, primero una nueva visión de la historia, donde el mundo colonial
ha tenido un viraje importante y se la ha dado un lugar muy importante en el
currículum. Y la segunda la formación de una currícula organizada para
ponderar la formación por competencias
La
Reforma integral de la Educación Secundaria (RIES), es el nombre final que tuvo
el plan de estudios 2006, y que se aplicó a partir de ese año, solo en el
primer grado, para funcionar en todos sus
niveles durante el ciclo escolar 2008-2009 (en que se daría el pacto
corporativo de la Alianza por la Calidad de la Educación). En dicho programa se
reformó la estructura de la educación secundaria
Debido al
año perdido y la premura que engendró su aplicación los maestros de todas las
asignaturas conocieron el nuevo programa solo unos cuantos días antes de
iniciar el ciclo escolar. Sacrificando
así el alma misma de un régimen centralizado y de programas únicos como el
mexicano, la planificación del aprendizaje. Los profesores de Historia quizás
un poco más tranquilos por el giro que habría dado la autoridad, después del
golpeteo, recibieron una sorpresa al revisar sus programas, junto a los
estudios del tiempo y espacio histórico y el énfasis en la parte procedimental
(Manejo de la información histórica) aparecía entre las competencias un
concepto que se leía mucho en los textos
de filosofía de la historia, pero se
agregaba algo que no era común, la
palabra convivencia, y para
complejizar aún más el constructo una
reminiscencia pedagógica la Formación,
problemas hermenéuticos pensaron algunos.
En la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la palabra convivencia
aparece desde el 30 de diciembre de 1946 donde se le mencionaba como parte de
la Fracción I, inciso c, en ella se
puede observar que este concepto se utiliza como una manera de promover la paz,
cuyo origen es el reconocimiento de la individualidad humana para luego ir
escalando en componentes más generales de la sociedad como la familia y la
colectividad que rodea a los educandos:
c)
Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte
a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio a la dignidad de la
persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de
la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos (DOF, 30
de diciembre de 1946).
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En la
reforma del 28 de Enero de 1993, se separó la Fracción I del Artículo tercero,
para dar cabida a la reconciliación del Estado mexicano con la iglesia católica
iniciada por Carlos Salinas de Gortari,
el termino convivencia se mandó a
la Fracción II, con una nueva redacción,
en la que se incluía el término
“diversidad cultural” aunque el verdadero cambio llegó el 26 de Febrero de 2013, donde se agregó el
concepto de calidad a la constitución y se sujetó a este el concepto de
convivencia:
c)
Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
d)
Sera de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro
académico de los educandos… (DOF, 26 de febrero de 2013)
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En el
artículo 7° fracción V, y 8° fracción III de la Ley general de Educación se menciona a
la convivencia como un agente que permite reforzar la participación democrática
para mejorar a la sociedad y nuevamente se le liga al concepto de calidad:
Artículo
8° Fracción III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción
del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los
hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos
o de individuos, y
IV.- Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los
objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las
dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. (DOF,
11de septiembre de 2013).
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Por otra
parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 advierte que “México
demanda un pacto social más fuerte
y con plena vigencia,
con una gobernabilidad
democrática, en la que se lleve a cabo una convivencia social que tenga como marco el respeto
y la valoración de la
igualdad, diversidad y pluralidad” (Gobierno de la República,
2013:27). El Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, en distintas
estrategias y líneas de acción le otorga
las mismas prerrogativas a la convivencia, que es vista “como una meta
educativa que debe formar parte de la cultura escolar, que prepara al alumnado
para su vida como ciudadano activo y democrático, para aprender a convivir a la
vez que es una condición para garantizar el aprendizaje y la permanencia en la
escuela, al favorecer relaciones interpersonales respetuosas y afectivas”. (SEP
h, 2013: 16).
Y es que
aunque algunos investigadores educativos digan que la calidad es un concepto
ambiguo y que no aparece definido en ninguna parte la ley general de educación
es clara en cuanto a que la calidad debe entenderse como “la congruencia entre
los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las
dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. (DOF,
11 de septiembre de 2013)”. Aunque ésta definición no es nueva ya había
sido enunciada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de Felipe Calderón:
OBJETIVO
9 Elevar la calidad educativa. La calidad educativa comprende los rubros de
cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos criterios son
útiles para comprobar los avances de un sistema educativo, pero deben verse
también a la luz de el desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la
sociedad y de las demandas del entorno internacional. Una educación de
calidad entonces significa atender e impulsar el desarrollo de las
capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo,
artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social
solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del
trabajo. (Gobierno de la República, 2007: 182).
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El
segundo programa educativo para la educación básica que ponderó el enfoque por
competencias, es el de la Educación
Secundaria de 2006, y en este se había
incluido una nueva competencia para la enseñanza de la Historia, la Formación de la Conciencia Histórica para la
convivencia. ¿Por qué incluir la
Convivencia como un contenido para la historia? La justificación es quizás mucho más legal
que epistemológica, y tiene también cierto aroma de medicina. Se pretende configurar a un nuevo ciudadano.
Adoptar
la convivencia como contenido educativo implica reconocer que la violencia
tiene un origen social y que el hombre la ha introducido en la cultura y por lo
tanto también la puede sacar; también es asumir esa responsabilidad y
reconocer que es un trayecto complicado, que no solo es responsabilidad de una
sola institución como la escuela, y por lo mismo tampoco puede ser
responsabilidad de una sola materia.
El Civismo, había tenido en México, la misión de conformar el nacionalismo, desde una perspectiva doctrinaria de racionalismo revolucionario, que hacía del
aprendizaje de las leyes, una vertiente única para conformar al ciudadano. Sin embargo en las reformas introducidas
desde 1993 este enfoque buscaba cambiar la
construcción de la imagen nacional al introducir un “enfoque
constitucionalista que promoviera los valores democráticos, como la
responsabilidad. La libertad, la justicia, la tolerancia y el respeto a los
derechos humanos, el respeto al estado de derecho, el amor a la patria y a la
democracia” (Rodríguez Mc Keon, 2010: 38). Promoviendo así el laicismo y la
libertad personal.
El
nacimiento de una materia como Formación Cívica y Ética en 1999 no es menos
importante ya que esta sintetiza la aspiración de transformar la enseñanza de
valores cívicos:
Por una parte se introdujo el
término “formación” que da la idea de que no se trata de un contenido por
estudiar, sino de un conjunto de estrategias para configurar un modo de ser y
de convivir. Por otra parte se
incorpora, el término “ética”, lo cual hace suponer que pretende formar un
ciudadano moral. Además se
incorporaron contenidos que revelaban el supuesto de que la ciudadanía debe
ser ejercida, por sujetos que cuidan de si, de su sexualidad, de su salud y equilibrio; sujetos que tienen
estima de si y que gracias a ella, le otorgan una cierta calidad a sus
prácticas, en el orden político, social y cultural, pero también en el mundo
de lo íntimo y lo privado. La idea eje
que orientó estos programas era la del
ciudadano activo con autoestima y competencias comunicativas, capaz de
analizar, criticar y elaborar su escala personal de valores, así como los
principios morales ejerciendo su juicio ético (Yuren, 2007:44)
|
Existe un
vínculo entre conciencia y ética, porque es en la mente donde se estructuran
las acciones, y más aquellas que tienen
un impacto directo en la trasformación de nuestro presente. Por esto la nueva asignatura introducía un nuevo
paradigma de ciudadano, uno que no solo debía cumplir con las leyes que
establecía una autoridad elegida por el voto, sino que era responsable de la
construcción del día a día de una sociedad, con sus interacciones y que debía
ser un ente socialmente movilizado
que mirará por el ambiente, las minorías, la inclusión y el reconocimiento de
todos aquellos que hasta ese momento no lo habían tenido y de los cuáles quizás
él también formaba parte.
La
convivencia paso a convertirse en un aprendizaje personal que debía proyectarse
hacia los demás, en prácticamente todas las asignaturas se buscó un enfoque que
permitiera construir esta noción, y con la articulación del curriculum ocurrida
en 2011, este objetivo se volvió una política del Estado, aunque llevarla a
cabo ha resultado casi tan complicado como formar un curriculum común.
