Mientras nuestras leyes buscan prohibirlo todo, y nuestro sistema penal al mismo tiempo no impide prácticamente ningún delito, la búsqueda de derechos para las minorías se ve enrarecida por un momento extraño.
Las heridas cada vez son más profundas, y a la lista de agravios —que incluye a los desaparecidos, los asesinados, el narcotráfico y la extorsión— se suman grupos empeñados en posicionarse a través de importar problemas y soluciones que nada tienen que ver con la historia ni con las necesidades de nuestra sociedad.
Más allá del debate sobre la derecha en México —que, desde el punto de vista histórico, se ha desdibujado en un sistema como el que se instauró en tiempos del PRI, donde las oligarquías, si bien pudieron expresar su inconformidad en múltiples ocasiones y obtener ciertas victorias, también debieron aceptar que no podrían ocupar puestos de poder como la titularidad del Ejecutivo—, la verdadera reacción mexicana, esa que se formaba en colegios privados, conventos y parroquias del interior del país, fue contenida tras la Guerra Cristera y neutralizada en el universo político. Hoy en día, quienes pretenden ser sus herederos —aunque los verdaderos cristeros fueron en su mayoría campesinos pobres, a quienes los representantes de su credo dieron armas para violar todas las reglas y juramentos celestiales— importan luchas y campañas de derechas internacionales, con otra historia, aparentemente más digna que la mexicana, aunque no por ello menos compleja.
Las expresiones penosas de quienes buscaban impedir la votación contra los ECOSIGS el 22 de marzo, y polarizar a las familias mexicanas haciendo un llamado a movilizar a los padres de familia “de todo México”, incluyeron la advertencia de que lo aprobado en el Congreso les quitaría la libertad de decidir sobre la educación de sus hijos. También promovieron un alarmismo inexplicable, clamando que los psicólogos se verían impedidos de brindar terapia a niños y adolescentes que tuvieran alguna dificultad para identificar su orientación sexual.
En medio de insultos, los opositores a la prohibición de los ECOSIGS se valieron de la OMS para invocar la disforia como un problema real, ignorando, por supuesto, que dicho organismo ha definido a la homosexualidad desde 1990 y a la transexualidad desde 2018 como “una variación natural de la sexualidad humana, por lo que no pueden considerarse como enfermedades” (ENTS/UNAM/COPRED, 2018).
Al ver su fracaso, los autonombrados defensores de la familia denunciaron que se trataba de una reforma pedófila, aunque en ninguna parte de la ley se insinúa siquiera la legalización de ninguna actividad sexual de esa índole. A pesar de que las leyes mexicanas prohíben realizar cualquier tipo de mutilación que atente contra la integridad física de los menores de edad —o incluso realizar cualquier procedimiento quirúrgico, hormonal o médico sin el consentimiento de sus padres o tutores legales—, la oposición mostrada por partidarios del PAN y algunas activistas fue virulenta y no dudó en ningún momento en usar adjetivos humillantes y denigrantes para referirse a la comunidad LGBTTTIQ+. La respuesta de esta no se hizo esperar.
Y es que debería existir un límite ético y metodológico que impida equiparar un mal programa, actividad o plan de estudio con un genuino intento de pervertir o manipular infantes para transformarlos en algo que no son. Como lo demuestra la fallida estrategia de las terapias de conversión, a pesar de la tortura, la manipulación o la medicación forzada, no logran transformar la conciencia, como muchas personas equivocadamente siguen pensando. Pero sí transforman la conducta de maneras completamente dañinas.
Hoy existe una campaña abierta para que los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ asuman el compromiso de no votar por el Partido Acción Nacional en las elecciones generales del 2 de junio, y arrebatarle todavía más poder en el Congreso, ya que por ahora es obvio que no ganará las elecciones presidenciales. Para tratar de contrarrestar este llamado, se ha denunciado a advenedizas como Martha Márquez y a otros diputados del Partido Verde, quienes nunca han disimulado su homo(trans)fobia y hoy engrosan las filas de Morena.
Todo este esfuerzo por definir el “voto gay” también intenta orientar su verdadera fuerza: la de sus redes de apoyo —padres, maestros, amigos, vecinos, etc.—, que no podrán evitar ver cómo una ley que no perjudicaba en nada a sus hijos, y sí beneficiaba al colectivo al que pertenece un ser querido, fue usada para exhibir, una vez más, el odio. El PAN y sus aliados piensan que la comunidad LGBTTTIQ+ está sola o que sus corifeos podrán manipular su voto. Si una cosa debería aprender esa comunidad en estos años, es que dejarse pisotear es un error, y que tal vez se tarden, pero finalmente van a vencer. Al tiempo.
Adéndum: La transfobia es cruel. El odio que se tolera todos los días en contra de las mujeres trans resulta doloroso, especialmente por los serios intentos de institucionalizarlo. En nombre de acabar con un lobby que no tiene nombre ni apellido, personas reales sufren abusos de todo tipo. Aunque no deja de ser una lección contemplar cómo hay personas a quienes eso no les genera ninguna compasión.
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